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ANUPP propone al presidente Vizcarra un PACTO BICENTENARIO
El Dr. Jorge Alva, presidente de ANUPP, plantea en oficio al presidente de la república principios para la defensa y el fortalecimiento de las universidades que son patrimonio de todos los peruanos.
 Cargo del Ingreso a Palacio de Gobierno
Saludándole cordialmente, pongo en su conocimiento la sincera expectativa con que las universidades públicas vemos la próxima realización del primer UNI – EJECUTIVO, que le propusimos el año pasado y ha tenido usted a bien anunciar.
ANUPP tiene por objetivo central defender y fortalecer la universidad pública, hasta llevarla a niveles de excelencia internacional; desde esta perspectiva el UNI – EJECUTIVO es el espacio adecuado para que el Estado peruano establezca un nuevo compromiso, un PACTO BICENTENARIO, con las universidades que son patrimonio de todos los peruanos, que comprometa tanto políticas como recursos presupuestales aportados por el Estado y desde luego el trabajo perseverante de la comunidad académica compuesta por estudiantes, docentes, administrativos y egresados.
Es el momento para suscribir el Pacto Bicentenario UNI – EJECUTIVO con metas a dos, cinco y diez años. Planteamos que, en un plazo determinado, cinco universidades públicas peruanas se ubiquen entre las 100 mejores de América Latina, que otras 10 se encuentren entre los puestos 100 y 300, y que la totalidad asuma puestos de liderazgo en la producción de conocimientos y la preparación de graduados y posgraduados conforme a las necesidades del desarrollo sostenible, a nivel local, regional, macroregional y de todo el país. Esto supone determinar líneas de base para cada universidad y para el conjunto de la universidad pública, de manera que puedan cerrarse de manera progresiva las brechas respecto a las metas.
Desde la fundación de ANUPP hemos rechazado la política que comenzó a imponerse mediante el decreto legislativo 882 de 1996, que ha entregado mayoritariamente la enseñanza universitaria a las universidades privadas, mediante exoneraciones y subvenciones. Consideramos, que fue un avance la sentencia del Tribunal Constitucional que puso en evidencia el incumplimiento del Estado de su obligación de supervisar la calidad universitaria pública y privada; y de la misma manera sostenemos que ha sido también un avance que la ley universitaria 30220 establezca las formas en que tal obligación es asumida, e igualmente que dé mayor importancia a la investigación.
Sin embargo, apreciamos que hace falta dar pasos decisivos para que el Estado asuma plenamente, como nunca antes, su responsabilidad irrenunciable de proveer educación superior gratuita de la más alta calidad a todos los que tengan vocación, capacidad y disciplina, sin discriminación económica, ni de ningún otro carácter.
Las universidades públicas, más allá de rentabilidades circunstanciales, que deben atender empresas privadas, tienen la obligación de profundizar en la investigación científica y tecnológica, aportar a la unidad del país en su diversidad cultural y promover la construcción de ciudadanía capaz de defender sus derechos y cumplir sus obligaciones. Por ejemplo, entre otros muchos campos de labor académica, tenemos plena disposición para contribuir en la atención a la agricultura familiar que está siendo demandada por la población rural, y de la misma manera respecto a todas las prioridades productivas, sociales y culturales.
No es cierto que el único modelo posible de universidad sea la predominancia privada; tenemos el ejemplo de Alemania y otros países europeos de alto desarrollo, donde la universidad sigue siendo fundamentalmente pública.
Para nosotros la responsabilidad del Estado de garantizar la calidad universitaria pública y privada debe ir de la mano con la autonomía, cuya verdadera esencia es que la enseñanza y la investigación estén libres de cualquier condicionamiento, especialmente de los poderes económicos, pero también de las autoridades estatales, de los partidos políticos o de cualquier ideología. Las capacidades autónomas de las universidades cobran sentido cuando sirven a la libertad académica, la calidad y el desarrollo sostenible; caso contrario se desvirtúan. En los hechos, cuando una universidad depende de dueños cuya prioridad es hacer dinero o construir un poder político, no puede ser autónoma.
Señor presidente, asumir la perspectiva de llevar las universidades públicas a un alto nivel de calidad será una contribución de primer orden de su gestión, para que, en los primeros lustros del tercer siglo después de la proclamación de la república, el Perú afronte con esperanza el camino del desarrollo sostenible, pasando de un nivel medio hacia niveles de vida superiores de respeto entre ciudadanos y con el medio ambiente.
Haciendo propicia la ocasión para reiterarle mi especial consideración, quedo de usted.
Atentamente
Dr. Jorge Alva Hurtado
Presidente
Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú
Rector – UNI
CC: Ministra de Educación
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