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RESPUESTA PANHUMANA A LAS PANDEMIAS
Crear una autoridad y un impuesto mundiales para prevenir y afrontar las pandemias
Alvaro Montaño Freire
7 de abril del 2020
La pandemia COVID-19 ha tenido el efecto inmediato de aislar a los países. Los aeropuertos están cerrados y se impide el ingreso de foráneos. Cada país compite con los demás por equipamiento médico y sanitario que no se encuentra en el mundo en cantidad suficiente.
Sin embargo, la pandemia es precisamente un desafío que solo puede atenderse a escala internacional. Incluso si algún país o continente lograra eliminar el virus en su territorio, cosa prácticamente imposible, permanecería en riesgo mientras el coronavirus circulara por el resto del planeta. O nos salvamos todos o no se salva nadie.
El costo derivado de la obligada cuarentena y paralización económica es colosal. Estados Unidos aprobó un presupuesto extraordinario de dos millones de millones de dólares, un 10% de su PBI, para subsidios a empresas y personas. El Grupo de los 20 calculó a fines de marzo que las grandes economías tenían aprobado un total de por lo menos cinco millones de millones de dólares para su propio rescate.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha pedido al mundo un esfuerzo de 10 millones de millones de dólares; por su parte el Secretario General de la UNCTAD ha solicitado que se otorgue un respaldo de 2,5 billones de dólares a los países en desarrollo, incluyendo un billón en inyección de liquidez y el resto para condonación de deudas y recuperación sanitaria.
Considerando solo los cinco millones de millones que las principales economías han resuelto gastar, estamos hablando de más del 5% del PBI Global que, según cuentas del Banco Mundial, totalizó 85,9 billones de dólares el año 2018. Un gigantesco “impuesto”, que no tienen más remedio que asumir, por no haber creado suficientes mecanismos de salud pública internacional.
La gripe H1N1, surgida en Norteamérica el año 2009, mató a más de 200 peruanos y según la prestigiosa revista médica The Lancet Infectious Diseases provocó al menos 151 mil fallecimientos en el mundo entero. El Ébola, que tiene una mortalidad del 25 al 90 por ciento, se ha difundido poco fuera de algunos países africanos, sin embargo es una clara advertencia. SIDA, SARS y MERS son otras siglas ominosas. Partiendo de esta realidad, la Organización Mundial de la Salud-OMS alertó en años anteriores sobre la necesidad de prepararse para futuras pandemias, llamado que evidentemente fue desoído. Ahora nos parece absurdo que se hayan ignorado los precedentes, pero es un hecho.
Dado que es perfectamente razonable preveer nuevas pandemias, eventualmente mucho más agresivas que la que estamos padeciendo, tiene mucho sentido tomar una determinación panhumana para protegernos. Considerando el enorme costo que está teniendo COVID-19, se justifica bajo cualquier criterio presupuestal dedicar cada año, por lo menos, un pequeño porcentaje del PBI mundial a este esfuerzo conjunto.
La Sociedad de Naciones y la Organización de Naciones Unidas fueron creadas luego de cada una de las Guerras Mundiales para prevenir su repetición; la presente lucha contra la pandemia COVID-19 es el momento adecuado para crear una verdadera autoridad mundial de la salud, con financiamiento suficiente para afrontar el desafío de las pandemias, entre otras necesidades de la salud pública internacional, como combatir la resistencia a los antimicrobianos.
El Estatuto de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948 y su Director General es elegido por la denominada Asamblea Mundial de la Salud entre un conjunto de candidatos propuestos por los estados y previamente considerados por el Consejo Ejecutivo. Entre sus Directores Generales ha tenido grandes personalidades, como la Dra. Gro Harlem Brundtland, previamente Primera Ministra de Noruega y célebre promotora del desarrollo sostenible desde su posición como Presidenta de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo.
Desde su fundación ha tenido por principios promover la cobertura sanitaria universal y que la mayor cantidad de seres humanos acceda al más alto grado de salud; sin embargo, sus funciones son principalmente normativas y su presupuesto muy limitado. Asume la responsabilidad de establecer normas para la salud en el mundo y velar por su cumplimiento, encabezar temas cruciales, proponer alianzas sanitarias y estimular la investigación. Su prepuesto bianual 2018-2019 fue de 4421 millones de dólares, en su mayor parte financiado por donaciones estatales y privadas; de este total solo 805 millones fueron para atender enfermedades transmisibles y 554 millones para emergencias sanitarias.
A diferencia del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, cuyas cabezas representan directamente poderes económicos, en la Organización Mundial de la Salud se ha permitido que ejerzan mucha influencia personalidades surgidas del consenso internacional; dicho ello sin negar que la OMS también es objeto de cuestionamientos.
La razón es obvia y la estamos constatando cada día de la pandemia: todo lo que puede hacer el Director de la OMS, Dr. Tedros Adhanom de Etipía, es lamentarse de que no se haya previsto lo necesario y exhortar a que se proteja a las víctimas. Carece de los recursos económicos y políticos suficientes para encabezar algo más que exhortaciones. Debería haber tenido los fondos necesarios para dirigir la investigación científica sobre los virus y otras graves amenazas para no llegar al momento que vivimos, o, una vez brotada la infección, conducir la producción de vacunas y medicamentos. Por lo tanto, hay que reformar la OMS para otorgarle capacidades de investigación y producción de medicamentos y medios para alcanzarlo.
El camino financiero fue sugerido hace muchos años. En 1981 se otorgó el Premio Nobel de Economía al estadounidense James Tobin, quien ha pasado a la historia por haber propuesto la tasa que lleva su nombre, pensada originalmente para gravar las operaciones de conversión entre divisas que se producen al contado. La potencia de esta idea es que da lugar a imaginar un impuesto mundial sobre cualquiera de las actividades esenciales de la economía internacional.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, en su informe del año 2011 discutió la posibilidad de establecer un impuesto mundial. El reconocido economista Thomas Piketty, en libro del año pasado, ha planteado la creación de un impuesto mundial a las superfortunas. El pasado noviembre, la OCDE, nada menos que la OCDE, ha planteado el establecimiento de una tasa global a las grandes corporaciones, es decir un impuesto igual en todos los países, de manera que estas empresas no puedan eludir impuestos refugiándose en aquellos con menor presión impositiva.
Vemos entonces que es muy comprensible discutir algún tipo de normas mundiales referidas a la fortuna y los impuestos, tanto más si es para sufragar gastos necesarios para todos los pueblos sin excepción.
Para aproximarnos a definir, por lo menos tentativamente, la cantidad de dinero que sería necesaria para esta noble campaña, cabe tomar en cuenta la magnitud de industria farmacéutica mundial. Según la consultora Evaluate Pharma, el conjunto de las grandes corporaciones farmacéuticas invertirá 210 mil millones de dólares en investigación y desarrollo el año 2024, 20% más que el 2018.
Este sector empresarial dedica uno de cada cinco dólares de sus ingresos a la investigación, que además de costosa es incierta, pues suele ocurrir que una determinada línea de investigación no llega a puerto, o finalmente resulta no ser tan rentable como se esperaba. Se dedica el 40% de esta inversión a la investigación oncológica, por su alta rentabilidad. Hay que tomar en cuenta que, siendo empresas privadas, tienen que responder a sus accionistas y existe, como es propio de la economía de mercado, una guerra interminable por obtener mayores ganancias y arrebatar a las otras corporaciones una mayor parte de la torta de las ventas. El total de los ingresos del sector fue el año 2018 de 1,1 millones de millones de dólares, o algo más pues no hay cifras precisas, y se espera que el 2020 llegue a 1,4.
Vistas las cifras anteriores, para que la OMS fortalecida tenga reales posibilidades de organizar la investigación contra las pandemias y otras amenazas graves, y producir por ella misma soluciones médicas, tendría que disponer de decenas de miles de millones de dólares; solo por aventurar una cifra, pensemos en el 0,1% del PBI mundial, es decir cerca de 100 mil millones de dólares anuales.
Es el dinero necesario para financiar centros de investigación, laboratorios y fábricas, y también para contratar a los mejores científicos del planeta de todos los colores de piel y de todos los idiomas. La gran diferencia con el sistema actual, sería que el producto de estas investigaciones devendría naturalmente en propiedad común de la humanidad que las ha financiado y se pondría de inmediato, al más bajo precio posible, a disposición de los que la necesiten, ricos y pobres de cualquier país, sistema económico o político, o también de cualquier creencia.
No habría derecho intelectual ni patente por reconocer. Los científicos, pagados con muy altos sueldos, tendrían a manera de reconocimiento, monumentos en todos los confines de la Tierra y serían bienvenidos en cualquier lugar que quisieran visitar o habitar. Los niños, espontáneamente, se les acercarían para agradecerles. Mejor pago no puede haber.
El principio ético y político de la nueva autoridad mundial sería una Declaración del Derecho Universal a la Salud Pública, que se ocuparía también de la cuestión de la salud en cada país. Establecería que cada Estado tiene la obligación de garantizar atenciones de salud semejantes para todos sus ciudadanos. Las empresas privadas dedicadas a la salud, sean corporaciones internacionales o empresas nacionales, pasarían a ocupar un lugar accesorio a disposición de las personas con muchos recursos dispuestas a realizar un doble gasto, porque de todas formas tendrían que sufragar la salud pública de su respectivo país.
Sería una nueva era en el campo de la salud, pues desde tiempos milenarios, cuando el médico del Rey seguía vivo mientras su paciente no falleciera, la gran mayoría de la población ha carecido y carece de una atención equivalente a la que reciben los hombres poderosos en lo político o lo económico.
Contra lo declarado por algunos políticos en estos días, que el peligro de muerte que se cierne sobre los ancianos no justifica la paralización de la economía, esta Declaración Universal proclamaría que en cada país, también los ancianos o los enfermos incapaces de pagar impuestos tienen derecho a la atención médica, de la más alta calidad posible, con la tecnología y recursos existentes; al mismo tiempo, declararía que nadie puede eximirse de pagar impuestos, según la medida de sus ingresos y capacidades.
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